Las
crisis sociales y económicas de las últimas décadas
evidenciaron la incapacidad a la que pueden llegar
las instituciones resquebrajadas del Estado Benefactor
para generar ingresos, empleo e instrumentar
los servicios de seguridad y bienestar social, sobre
todo cuando no sólo no satisfacen dichas necesidades
sino que además no logran generar la confianza y aprobación
de los ciudadanos en estos procesos.
En los últimos años de este siglo los
ciudadanos han pasado de la demanda a la acción organizada
en torno a la resolución de problemas específicos
desde distintos niveles y ámbitos.
Si bien estas acciones no son homogéneas
y se insertan dentro de perspectivas, formas de actuar
y vínculos diferentes para cada tendencia específica,
el conjunto de acciones y articulaciones ocurren dentro
de un momento histórico en el que la sociedad construye
espacios y experiencias de participación en la construcción
de los tejidos sociales necesarios para un mayor bienestar
de la población dentro de la que se incluyen.
Dentro de ésta perspectiva se considera
que, aún cuando el gobierno tiene la enorme responsabilidad
de velar por el interés de la ciudadanía para que
ésta alcance el máximo de desarrollo posible,
esta tarea de hecho (y de derecho) no excluye a los
ciudadanos. Así, como plantea Vicente Arredondo (1997),
"esta inquietud se manifiesta, entre otras cosas,
en el hecho mismo de resignificar el concepto de lo
público, para que ya no esté referido exclusivamente
a las funciones y atribuciones gubernamentales, sino
que se utilice también para nombrar las actividades
que realiza la sociedad civil organizada a favor del
interés colectivo".
En este marco, las acciones que desarrollan
las organizaciones sociales a favor de poblaciones
específicas rebasan el ámbito de lo particular y se
inscriben en el dominio de lo público. Pero estas
acciones, si bien tienen como uno de sus impulsos
las crisis sociales, están llamadas a construir una
nueva forma de democracia: la participativa.
Esta noción habla de la conveniencia
de que los ciudadanos, lejos de conformarse con simplemente
elegir a sus representantes para los puestos de gobierno
(cuando este proceso sea totalmente transparente),
desde su acción concreta influyan en las políticas
que afectan a los distintos sectores de población.
No se trata pues de una tarea para
desplazar al gobierno de sus responsabilidades, como
en algunos casos sugiere la lógica del mercado, sino
de crear dinámicas de colaboración y mutua responsabilidad
dirigidas a construir una sociedad más justa y equitativa.
Las organizaciones sociales dedicadas
a la atención y desarrollo de la niñez, sobre todo
de aquella en mayor desventaja, no son ajenas a este
devenir. De esta forma es que ya desde hace algunos
años desde diversas experiencias se ha incrementado
la participación de este tipo de organizaciones en
ámbitos que rebasan lo meramente asistencial
para insertarse en acciones de incidencia y gestión
hacia nuevos marcos jurídicos y políticos que afectan
a la población de niños y niñas que son motivo de
su preocupación.
Fuentes de informacion:http://www.alainet.org/es/active/33851
No hay comentarios:
Publicar un comentario